El Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM) fue sede de una mesa plural con la presencia, entre otros, del juez español Baltazar Garzón y el poeta y activista Javier Sicilia, quienes abrieron un debate sobre las condiciones para la paz, aunque al final los dos plantearon posiciones complementarias: la paz jurídica, la paz social y la paz económica como fundamentos de la siguiente etapa después de seis años del combate al crimen organizado.

La sede fue significativa. Morelos es gobernado por el perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, quien en 1998 encabezó una insurrección civil para denunciar las complicidades del entonces gobernador priísta Jorge Carrillo Olea con el crimen organizado, porque su procurador, su jefe de policía judicial y su comandante antisecuestros eran cómplices de las bandas de plagiarios. Acorralado, Carrillo Olea tuvo que renunciar al cargo en mayo de 1998.

Desde el gobierno estatal, Graco Ramírez contrató el apoyo del juez Garzón para elaborar una ley de víctimas. Pero el desafío es mayor: Morelos ha sido de nueva cuenta invadido por la inseguridad y los secuestros y la sociedad local ha pasado ya a la fase de pánico por el desbordamiento de la delincuencia y a las protestas en las calles. El asunto, así, ya no es sólo de víctimas sino también de delincuentes. De ahí la importancia del foro en el CIDHEM titulado “Cultura de paz y reconstrucción del tejido social”, cuyo contenido está en dos videos colocados en YouTube y ahora mismo colocados en www.grupotransicion.com.mx.

Garzón estableció dos enfoques. De un lado, el de las causas de la inseguridad más allá de la presencia de grupos criminales y por tanto los referentes que definen la ruptura del tejido social: la desigualdad derivada en pobreza brutal, la impunidad, el desencanto social o pesimismo por una sociedad que ya no cree, el abandono institucional de un Estado que renuncia a ejercer su poder, genera el caos y permite a poderes criminales y la falta de políticas públicas.

De otro lado, las necesidades para atender la inseguridad como fenómeno de descomposición del poder: nuevo marco jurídico que defina pactos y límites y que le dé más poder al Estado más allá de ser un “actor armado”, la urgencia de una mayor participación de la sociedad que a veces prefiere sacrificar libertades a cambio de seguridad y el objetivo de confianza y seguridad jurídica con un Estado vigilado por la sociedad.

En la apertura del foro, que formó parte de actividades del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social creado por el gobierno estatal, el director del CIDEHM, Jesús Araiza, fijó la prioridad: “una luz en la oscuridad del túnel que vivimos, por el que atravesamos en materia de violencia, impunidad, corrupción y descomposición social”.

El de Morelos fue el primer foro a nivel estatal organizado por organismos públicos estatales y no federales y en un estado cuyo gobernador --Graco Ramírez-- hace quince años provocó la caída del mandatario que había creado un Estado delincuente y que hoy enfrenta el desafío de cambiar los paradigmas de seguridad en momento de incremento de la delincuencia.

Con Graco Ramírez en el gobierno, la protesta social en Morelos pasó de la calle al poder, aunque con la calle de nuevo exigente de resultados que no llegan. Y la diferencia estará en la eficiencia opositora para definir estrategias o la nueva rendición del Estado morelense ante el poder de los delincuentes.